Ante las últimas declaraciones del Alcalde de San Roque, no podemos menos que condenar sus declaraciones sobre la supuesta «persecución» a la que es sometido. Quizás debería recordar que es él quien abre expedientes sancionadores a Policías Locales simplemente por expresar su opinión en Facebook u otras redes sociales, y luego nos cuesta a todos los vecinos pagar las costas de sus desaires. Quien tiene el poder para perseguir, juzgar y condenar sin más trámite a los empleados municipales es él, y no al contrario, por lo que cualquier otra «persecución» sólo puede existir en su imaginación.
Tal vez si reconociera el legítimo derecho de los ciudadanos a grabar los actos públicos la Audiencia Provincial no le hubiera rechazado su recurso y mantuviera la imputación. Sin embargo ahora sale a prensa con las mismas excusas que no han sido aceptadas por los jueces, y es que el video de lo ocurrido es más que evidente: La alteración del orden no la provoca el ciudadano al grabar el pleno, si no el Alcalde al expulsarle de modo selectivo generando las protestas del público asistente.
Cabe recordar que las calificaciones de la imputación, por presunta prevaricación y coacciones, no se realizan mediante querella, si no que provienen de ratificación por parte de la Audiencia Provincial.
Desde Defensa Ciudadana Activa se rechazan frontalmente este tipo de actitudes, que siguen la línea censora que ya hemos comprobado respecto a la participación ciudadana, llegando incluso a negar por Decreto simples solicitudes de cita con la Alcaldía, probablemente por haber sido incluidos en su lista negra particular, parte del «apartheid político» que este Alcalde se esfuerza en mantener.
Un verdadero Alcalde debe actuar del mismo modo con todos los ciudadanos, respetando la legalidad vigente y sus derechos, en lugar de obligarles a recurrir una tras otra sus arbitrarias decisiones a sabiendas de que el coste lo tendrán que asumir igualmente los ciudadanos.