Diputación de Cádiz continúa su revolución analógica

Después de los problemas ocasionados por la tramitación «analógica» de las solicitudes telemáticas en la Diputación de Cádiz, el organismo provincial ha dado un paso más demostrando que su autonomía es casi completa, que las normas estatales o autonómicas no tienen cabida en sus procedimientos.

En este caso lo demostró respondiendo al sindicato CGT, que solicitó determinada documentación con la finalidad de fiscalizar la labor de la institución provincial.

La respuesta, emitida por el Director de Área de Función Pública, no pudo ser más sorprendente, sobre todo viniendo de quien se supone conoce y aplica la normativa vigente sobre procedimiento administrativo.

En primer lugar sorprende que ni siquiera se han molestado en dar registro de salida. Para qué habrán pensado, si esto es una charla entre amigos, ¿no?

Ni registro de salida, ni posibilidad de recurso alguno, ya que se omite totalmente el pie obligatorio indicando si el acto es firme o cabe recurso, porque, total, ¿para qué si estamos entre colegas, no?

Para rematar, además de las formas o mejor dicho la falta de ellas, sorprende el fondo de la respuesta. En ella niega el envío de la documentación solicitada como marca la Ley de Transparencia y remite a que «pidan cita» para el acceso y consulta de la documentación. ¿Este señor sabe en qué siglo estamos?

Según el protocolo establecido en su día por DCA, si este colectivo tuviera una respuesta similar además de iniciar inmediatamente la reclamación al Consejo de Transparencia por vulneración evidente de la Ley 19/2013, solicitaría el inicio de expediente de responsabilidad patrimonial de las AAPP para que abonen el perjuicio causado a los ciudadanos a los que pretenden obligar a desplazarse y dedicar tiempo en horario laboral para «consultar», porque luego seguro que niegan la copia, una cantidad importante de documentación.

Ello sin olvidar la responsabilidad penal en que pudieran haber incurrido tanto el responsable directo del expediente, del que se supone formación y capacidad suficiente como para que sepa lo que está haciendo, así como de quien ocupe la Secretaría General, con la competencia legal para coordinar los distintos servicios para el efectivo cumplimiento de la Ley de Transparencia.

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