Como en tantos Ayuntamientos, compañeros de Ambite detectaron «irregularidades» en los pagos de los que podrían haberse beneficiado concejales del antiguo gobierno municipal.
De las irregularidades analizadas, algunas son casi «habituales» en otros Ayuntamientos que conocemos, pero otras, de las que de momento no damos detalle, nos sorprendieron especialmente.
Hasta las pasadas elecciones municipales el gobierno local rechazaba de plano cualquier petición que pudiera arrojar algo de luz sobre qué ocurría en esa localidad, y en concreto a esta Asociación le rechazó recursos y solicitudes apoyados en el rodillo de su mayoría, con la necesaria colaboración de la Secretaria General. Algo por desgracia también habitual en tantas administraciones.
Sin embargo, tras el pasado mes de mayo el gobierno pasó a la oposición por lo que las puertas de este Ayuntamiento se abrieron a la ciudadanía y la información que se pudo obtener corroboró lo que ya eran secretos a voces. Lógicamente la denuncia ante la Fiscalía fue inmediata.
El interés de estos ciudadanos por fiscalizar las cuentas municipales, que debería haber sido aplaudido por la actual Alcaldesa de la localidad, comenzó a ser motivo de recelo. No sabemos si preocupada por si fuera a quedar en mal lugar como regidora que no se preocupa por exigir responsabilidades por las deudas que se ha encontrado, o por esa «Ley no escrita» entre políticos que reza «hoy por tí y mañana por mí», por la que los unos se tapan a los otros y todo queda en casa, pero el nuevo equipo de gobierno, no tardó mucho en copiar la actitud del anterior Alcalde y poner todas las trabas posibles al acceso a la información pública de los ciudadanos.
Suponemos que por pura ignorancia, para no pensar que ha sido por mala fe, la nueva Alcaldesa piensa que puede impedir el acceso a la información no sólo a los ciudadanos y colectivos, si no también a los propios ediles de este Consistorio, como demuestra esta respuesta con registro de salida del pasado 13 de abril.
Lo que desconocía la Alcaldesa es que al día siguiente iba a ver cumplidos sus deseos, y el Ayuntamiento sería objeto de un registro por el Equipo de Fraude Económico y Blanqueo de Capitales de la Guardia Civil, que conocedores de la situación llevaban bien claro en un informe de 13 páginas qué documentos precisaban para comprobar los hechos denunciados.
La Alcaldesa al parecer, demostrando su «talante colaborador», se negó a que los denunciantes que fueron requeridos por la propia Guardia Civil «tocaran ningún papel», lo cual aunque entorpecería algo la labor, desde luego no pudo impedirla.
Lamentable comportamiento por tanto de quienes se supone deben representar los intereses de todos los ciudadanos y sólo se preocupan de poner trabas a la legítima actuación de estos. Ahora sólo cabe preguntarse cómo es posible que una nueva Alcaldesa y equipo de gobierno, con mucho más acceso a la documentación municipal que simples ciudadanos o incluso concejales no gobernantes de ese Ayuntamiento, no denunciara los hechos. ¿Cuál es la prioridad de su gobierno?, ¿tapar los trapicheos de sus antecesores poniendo zancadillas a quienes lo denuncien?
En las actuaciones, la autoridad judicial además de investigar los cobros realizados por el anterior Alcalde y 3 de sus concejales, también ha incluido a la anterior Secretaria-Interventora, algo que nos parece normal puesto que si hubo irregularidades los técnicos municipales deberían ser plenamente conscientes de ellas y las habrían permitido por acción u omisión.
Esperamos se aclare el uso y abuso de los bienes municipales que hayan podido realizar los gobernantes de este municipio, agradeciendo a la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Madrid su rápida y concisa labor, que aunque debería ser algo normal porque así es su trabajo, echamos de menos en muchos otros municipios.