La Asociación Defensa Ciudadana Activa ha presentado reclamaciones al Presupuesto General 2.015 del Ayuntamiento de Ambite (Madrid) debido a la ausencia de partidas presupuestarias para el cumplimiento de las obligaciones legales como entidad local. En concreto se han presentado dos reclamaciones básicas.
La primera de ellas relacionada con la inexistencia de registro telemático que permita la comunicación por medios electrónicos con la administración, según quedó recogido en la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y concretamente en su disposición adicional tercera respecto a los que carecen tras el año 2.009 de este servicio. «Ambite posee una página web cuyo coste pagan los ciudadanos, pero no permite a los ciudadanos la remisión y registro de documentos por vía telemática, por lo que debe contar con una partida presupuestaria específica y plazos para su desarrollo.
En segundo lugar se reclama la existencia de una partida específica destinada a mejoras en accesibilidad, tal como recoge el art. 36.4 de la Ley 8/1993 de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, aplicable a los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.
Además de las reclamaciones, remitidas en el periodo de exposición pública, se ha impugnado la sesión plenaria por incumplimiento de los requisitos legales para la formación de la voluntad del órgano colegiado, debido a que «la convocatoria se realizó sin mediar dos días hábiles con la celebración de la sesión, en plenas fechas navideñas.», informaron.
Por último, DCA impugnó el periodo de exposición pública por no permitir el acceso durante los quince días hábiles ni la copia del expediente. «En otros Ayuntamientos ya hemos visto casos similares, como San Roque (Cádiz) o Espartinas (Sevilla), pero lo entendíamos más por cuestión de desconocimiento de las normas o falta de formación del personal a cargo que por mala fe, y han procurado corregir su actitud en ejercicios posteriores. «En el caso de Ambite el nivel de prepotencia de la Secretaría General no es comprensible, ya que además de impedir el acceso durante días, requiriendo la presencia de la Guardia Civil para poder ver el Presupuesto, ha llegado incluso a negar la posibilidad de que se hiciera copia del expediente o se fotografiaran algunas de sus páginas plasmando esta decisión por escrito», denunciaron.
Debido al lenguaje utilizado por la Secretaria General tratando de coaccionar a nuestros socios cuando han acudido a ver el expediente, presentaremos la petición de expediente contra esta funcionaria, además de remitir queja formal a las instituciones oportunas, sin descartar informar a la Fiscalía de los hechos por si fueran constitutivos de delito.