Hace unas semanas se recibió consulta por parte de varios socios sobre la legalidad del plan de liberados de las Diputaciones Provinciales. En concreto en la provincia de Sevilla se detectó que 10 de los alcaldes y alcaldesas de la provincia tenían una liberación al 100% en la Diputación Provincial. Igualmente aparecían 9 ediles con responsabilidades de gobierno en sus municipios liberados también al 100% en la Diputación Provincial, así como un número inferior liberado al 75%.
El primer resultado visible de estos planes de liberación de las Diputaciones Provinciales es la anulación en la práctica del límite en las retribuciones a los Alcaldes de municipios en función de su población, ya que al estar dados de alta en la administración provincial pueden saltar esos límites.
El segundo motivo de duda entre la ciudadanía viene porque si los primeros ediles de un Ayuntamiento tienen dedicación exclusiva a las administraciones provinciales… ¿qué tiempo les queda para dedicarse a sus municipios?… ¿o simplemente es una ficción legal para cobrar de un sitio mientras están en otro?… ¿qué sentido tiene salvo para burlar la legislación que limita sus salarios en sus municipios?
Puede que ambas consecuencias de estos planes de Diputación sean legales, pero como mínimo nos parece poco ético, por lo que decidimos abrir un expediente informativo al respecto: El «Expediente Liberación».
Al margen de siguientes pasos, conforme al protocolo marcado por la Junta Directiva, el inicio del expediente sigue los pasos habituales: exigir el cumplimiento íntegro de la Ley.
Por ello se ha solicitado a la Diputación Provincial de Sevilla y a 20 de sus Ayuntamientos -todos los que tienen cargos de gobierno local con liberación en la administración provincial- que publiquen en sus páginas web oficiales las retribuciones y porcentaje de dedicación asignado a sus miembros de gobierno, remitiéndonos enlace a la misma.
En segundo lugar, atendiendo a lo establecido por el art. 10 de la Ley de Transparencia de Andalucía y las resoluciones del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, se solicita que publiquen igualmente en sus páginas web oficiales la agenda oficial de sus cargos de gobierno.
El motivo no es otro que poder comprobar qué tiempo efectivo dedican a las administraciones para las que supuestamente trabajan, y cuál en otros órganos de representación.
Aunque estar liberado por una administración supramunicipal está muy de moda en los partidos políticos y ninguno se va a quejar de que lo hagan los demás, desde DCA se estudiará remitir esa información a otras instituciones por si este tipo de actuaciones no fueran acordes con la normativa laboral.
En todo caso, de constatarse el elevado número de Alcaldes que son contratados por otras administraciones siendo de público conocimiento que siguen en sus puestos a nivel local, solicitaríamos al gobierno competente la derogación de los límites impuestos a los gobernantes locales, toda vez quedaría demostrado que salvo como medida publicitaria carece de efecto real.