El municipio gaditano de Jimena de la Frontera mantiene el dudoso honor de no haber contestado ninguna de las solicitudes de información que miembros de esta Asociación ha presentado conforme a la Ley de Transparencia.
Tampoco ha cumplido en ninguna ocasión con las obligaciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, al no comunicar los plazos y efectos del silencio administrativo, ni tampoco responde a las solicitudes de identificación de responsables, dando la callada por respuesta en todas las ocasiones.
Por ello, siguiendo con el protocolo establecido para las administraciones que siguen esa política de transparencia cero, pasado un tiempo prudencial se remite reclamación al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
Como era previsible dentro de la política de «transparencia cero», el Ayuntamiento tampoco contestó los distintos requerimientos del Consejo de Transparencia durante el pasado año, por lo que finalmente éste ha resuelto estimar la reclamación de uno de nuestros socios ordenando al Ayuntamiento entregar la documentación solicitada en el plazo de 20 días.
Lamentablemente, pese a la claridad de la normativa, no hay muchas esperanzas de respuesta si seguimos las estadísticas de Ayuntamientos que incumplen con tanta facilidad la Ley de Trasnparencia, que en el caso de Jimena afecta también a la publicidad activa y a los expedientes en información pública. Ello ocasiona perjuicios a los ciudadanos, que deben soportar largas esperas sin respuesta, así como a las administraciones implicadas, que deben dedicar recursos a proteger unos derechos ciudadanos tan evidentes.
De este modo, una vez agotado el plazo legal dado por el Consejo de Transparencia sin recibir la información solicitada se deberá poner de nuevo en conocimiento de éste el reiterado incumplimiento, en esta ocasión ya de una resolución del propio Consejo, por lo que sería previsible que se iniciara el procedimiento sancionador que contempla la Ley de Transparencia.