Tras las últimas declaraciones del Teniente de Alcalde de Torrelodones Angel Guirao de Vierna, resaltando que todas las obras en su municipio son legales porque los técnicos así lo deciden, desde DCA se han propuesto identificar a los responsables.
Desde Defensa Ciudadana Activa han remitido escrito al Ayuntamiento de Torrelodones en el que les recuerdan que «ya en noviembre de 2.016 les remitimos solicitud respecto a las infracciones cometidas en los pasos de peatones de ciertas calles, y posteriormente se puso en conocimiento la situación del Consejo de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad de Madrid, certificando el vicesecretario del Ayuntamiento de Torrelodones en agosto de 2.017 las infracciones cometidas, así como que iban a proceder a su rectificación ejecutando las actuaciones necesarias (sic)».
En concreto se denunciaron incumplimientos del art. 168.c del Reglamento General de Circulación, del art. 12.2 y 13.1 del R.D. 505/2007 y del art. 5.4 del Decreto 13/2007. 
Pese a ello, no han sido informados de las actuaciones necesarias, por lo que ahora solicitan la documentación técnica y económica de las mismas, de forma que «se evalúe el coste de hacer obras infringiendo las ordenanzas para luego tener que corregirlas«, declararon.
Además, debido a los meses que llevan este tipo de reclamaciones y la falta de voluntad para rectificar de oficio por la administración local, DCA entiende que «se crean situaciones claramente injustas a sabiendas, lo cual podría incurrir en delito de prevaricación. Además el coste de unas obras que no deberían haber sido autorizadas y luego generan costes extra podría considerarse malversación, toda vez que los responsables tienen toda la información necesaria para evitarlo». Por experiencia en otros expedientes «hemos llegado a encontrar incluso certificados de obra totalmente distintos a lo ejecutado realmente, por lo que es necesario comprobarlo todo, y en su caso se remiten también por si existiera falsedad en documento público«, indicaron.
De este modo, además de solicitar la identificación completa y competencias de los responsables que indicaba el Sr. Guirao, recuerdan a la administración local su obligación de poner en conocimiento de la autoridad judicial cualquier posible delito conforme al art. 408 del Código Penal, solicitando incluso si se ha iniciado algún tipo de expediente sancionador conforme al Estatuto Básico del Empleado Público contra los responsables o simplemente las infracciones quedan sin responsabilidad para nadie. 
Desde la Asociación se espera tener la identificación clara de los responsables por parte de la administración local para remitir los expedientes completos a la Fiscalía, continuando con los protocolos de actuación marcados por su Asamblea.