DCA remite su informe sobre los zulos de Guadiaro a la Inspección de Urbanismo de la Junta de Andalucía.

Tras la remisión de denuncia sobre los zulos de Guadiaro a la Consejería de Agricultura, en base a la posible infracción de la normativa de Protección Animal de Andalucía, la Asociación Defensa Ciudadana Activa ha remitido a la Inspección de Urbanismo, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, su informe sobre estas construcciones.

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Para el colectivo, “el hacinamiento de animales en esa zona no sólo es una infracción de la Ley de Protección Animal de Andalucía, si no que claramente también vulnera la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía”. Por ello, teniendo en cuenta la pasividad que demuestran las autoridades competentes respecto a la protección animal, inician este otro cauce a través de la protección de la legalidad urbanística.

De este modo, la Inspección de Urbanismo podría abrir expediente sancionador por las construcciones existentes, que podrían rondar el centenar, ordenando la restitución de la legalidad urbanística. Es decir, la demolición de lo construido en zona no urbanizable. Esta actuación acabaría con los “campos de concentración” donde se hacinan cientos de perros sin respetar la normativa de protección animal.

Desde DCA se resaltó el carácter coercitivo que tienen los expedientes de urbanismo que “a diferencia de los de protección animal, son mucho más agresivos con la economía de los infractores, y pueden incluir multas coercitivas mientras se mantenga la situación.”

Según la legislación urbanística, en caso de incumplimiento de órdenes de demolición, la administración podrá imponer hasta doce multas coercitivas con una periodicidad de un mes y el valor mínimo de 600 euros. Una vez pasadas 10 de estas multas se podría proceder a ejecutar directamente la demolición a costa de los obligados.

Este es un paso más en el expediente iniciado por la Asociación Defensa Ciudadana Activa, pero no el último, ya que según indicaron los siguientes irán dirigidos a la administración local, sin cuya colaboración consideran que no serían posible estos “campos de concentración”.

“No resulta creíble que en el siglo XXI donde la administración controla al milímetro al ciudadano nadie haya visto centenares de metros de construcciones con otros tantos animales hacinados, alguien ha tenido que mirar para otro lado, y al parecer quieren seguir haciéndolo, pero que no esperen que se lo pongamos fácil.”, finalizaron.