El pasado lunes, mientras se estaban realizando unas fotografías para el mapa de accesibilidad de San Roque, una furgoneta estacionó en zona reservada para discapacitados, obligando a un vehículo pequeño que pasó minutos después a buscar otro lugar (éste sí tenía visible el distintivo azul en el parabrisas).
Al informar al conductor éste respondió que él no era discapacitado pero aparcaba allí, y tras repetir la misma respuesta se le hizo una fotografía al vehículo mal estacionado.
La reacción del conductor no fue desde luego una disculpa, sino un intento de agresión que llegó hasta llevarse el móvil en un par de ocasiones amenazando con romperlo si no se borraba la fotografía. Algo inútil por otro lado ya que ésta era transmitida inmediatamente a los servidores de la Asociación, salvo por el lógico daño en los equipos.
Tras entrar a un local próximo el conductor continuó más de media hora en la puerta amenazando con agredir sino se hacía lo que él quería, hasta que finalmente llegó una patrulla de la Guardia Civil.
La sorpresa vino cuando el conductor afirmó que él les había llamado, como «compañeros», dejando claro que o era un agente de paisano, o familiar, pero que al fotógrafo le «iba a costar un dinerito la foto».
Los agentes indicaron que se debía borrar la fotografía en un par de ocasiones, recibiendo una total negativa como respuesta.
Además de negar el borrado de la fotografía se les pidió que denunciaran al vehículo que ocupaba la plaza de discapacitado, a lo cual se negaron porque, en su opinión, «no era de su competencia».
La «versión oficial», que hemos conocido por la prensa, ha sido que el conductor atendió una emergencia de su hijo pequeño… el centro de urgencias se encuentra a unos 5 kilómetros, pero allí había un comercio al que su mujer entró a comprar. Lógica emergencia de verano, ¿a quién no le ha pasado que se olvida de una sombrilla?
Podemos entender el corporativismo si el conductor era, como presumía, tan cercano a la Guardia Civil, pero no que se incumplan las normas en su beneficio.
Existen informes precedentes de la Comandancia de la Guardia Civil a la que pertenecían estos agentes justificando sus denuncias en la puerta de un conocido centro comercial, pese a ser vía urbana. Sin embargo, ahora alegan precisamente ese detalle para no actuar… ¿en qué quedamos?
Al margen de las denuncias presentadas contra el conductor del vehículo, por cuestión de seguridad jurídica entendemos que debe aclarase si pueden, deben, o cualquier ciudadano de a pie tiene más competencias que estos agentes ante las infracciones que observen.
Desgraciadamente no es la primera vez que quienes ocupan estas plazas ilegalmente responden con agresiones ante la posibilidad de denuncia, pero sorprendió que además presumieran de contar con la colaboración de la propia Guardia Civil.
En la «aclaración» a la prensa explican los motivos para no denunciar al conductor.
Según otra versión los hechos pudieron sucederse según este croquis, donde queda clara la existencia de una emergencia, en vista del lugar donde fueron los ocupantes del vehículo.
Como pudo leerse en la nota de prensa, la Guardia Civil no denunció la infracción por ser competencia de la Policía Local. Sin embargo en un informe de años atrás, justificaban denunciar dentro de las mismas calles sin mayor reparo… ¿Tuvo algo que ver que el conductor les llamara «compañeros»?, ¿por qué son competentes para denunciar cuando les llaman del Mercadona porque hay coches delante de su puerta y no si se lo pide un simple ciudadano porque han ocupado plazas para discapacitados?
