En las últimas semanas numerosos vecinos de San Martín del Tesorillo han recibido notificaciones por la expropiación o afección de sus terrenos para la construcción de la futura Estación Depuradora de Aguas Residuales del municipio. Obra tan esperada como necesaria, que a todas luces es de interés público.
Según el proyecto encargado a la empresa IDOM fueron 3 las alternativas planteadas para su ubicación, eligiendo finalmente la alternativa 1, la más lejana al casco urbano del municipio, por criterios puramente técnicos que constan en el expediente.
El bombeo de los residuos hasta la EDAR se realizaría, siempre según el proyecto original, paralelo a la A-2101, sin afectar más infraestructuras que las de la calle San Roque (travesía de la A-2101) a la que cruzaba al salir de la EBAR. Además seguía el trayecto de una vía pecuaria.
Sin embargo en julio de 2018 una llamada telefónica del máximo gobernante local provoca un cambio en los planes. Lo que iba a ser un trayecto totalmente recto siguiendo la vía autonómica se convierte en un sinuoso trazado a través del casco urbano y fincas agrícolas.
Este repentino cambio en el trayecto, además de suponer más de medio kilómetro extra de recorrido, implica superar todas las infraestructuras urbanas como abastecimiento, electricidad, comunicaciones, levantar vías asfaltadas, causando además innumerables problemas a los vecinos durante el tiempo de la obra. Hay que tener en cuenta que las calles afectadas serían las únicas vías de salida de Cooperativa, Centro de Salud, Instituto de secundaria, además de cientos de vecinos.
Lógicamente este desvío, además del daño causado a los vecinos que no se veían afectados por el trazado original, supondrá un coste añadido. Nadie puede dudar que es más económico un trazado en línea recta sin cruzar infraestructuras urbanas que pasar los residuos de dos municipios a través de varias vías urbanas consolidadas. Sin embargo en el proyecto no aparece reflejado este sobrecoste, tampoco las infraestructuras afectadas, y ni siquiera hay una justificación técnica para el cambio de criterio. Sólo un trazo en los planos.
Lo único que se ha podido saber es que todo parte de una llamada telefónica del actual Alcalde de la localidad a la persona encargada del proyecto en la empresa privada que se contrató, pidiendo ese cambio por «afectar a menos vecinos». Si revisamos los dos trayectos se ha triplicado el número de vecinos afectados, pero hay una importante diferencia: el desvío evita que se afecte a una parcela vinculada al Alcalde de la localidad, que figuraba en el trayecto original.
El correo remitido desde la empresa pide confirmación de que «es lo mejor para los vecinos«, pero no se consultó a los nuevos vecinos afectados. ¿Acaso hay vecinos de primera y de segunda para este tipo de consultas?
Desde el Ayuntamiento de Jimena de la Frontera se remitió días más tarde un listado con todos los propietarios de fincas afectados por el primer trazado, el más beneficioso para todos según los criterios técnicos, pero desde la entonces ELA de San Martín del Tesorillo ya se advertía que «estaremos en contacto para ver el posible trazado por la C/Málaga».
Por todo ello desde DCA se ha remitido solicitud de información a las distintas administraciones implicadas, desde el Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, incluyendo otras como el Defensor del Pueblo ante la indefensión que manifiestan algunos ciudadanos por la tramitación del expediente. Todo ello con objeto de conocer la documentación que no se ha hecho pública, los motivos del desvío que se comunicaron por teléfono, el coste mayor o menor que supondrá el desvío, las afecciones a infraestructuras que no estaban previstas, y un largo etcétera de complicaciones que, al menos en el proyecto publicado, no tienen respuesta.
Desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se nos ha instado, si los indicios son los que parecen, a presentar denuncia por los hechos ya que lo considerarían posible prevaricación administrativa. Lógicamente a ese paso, que se encuentra dentro del protocolo de actuación de esta Asociación, sólo se llega cuando el expediente está completo, con toda la información disponible o la negativa de los implicados a facilitarla.
En todo caso esperamos que las administraciones respondan a las peticiones de información y expliquen, claramente, qué poderosos motivos han llevado a ese cambio de trazado, qué beneficios se obtienen con él, y en caso de que no sea así se descarte o se exijan responsabilidades a quienes lo hayan hecho posible.