Desde las campañas contra ciudadanos que grababan los plenos no veíamos nada más absurdo que esta prohibición encubierta en Ambite (Madrid), orquestada al parecer por la funcionaria que ejerce como secretaria municipal y su peculiar interpretación de la Ley.
El punto en cuestión se trataba un trámite sobre una urbanización de este municipio, un paso más para la finalización de ésta, y la Secretaria advertía a una concejala que, por residir en dicha urbanización, no podía votar «ni siquiera preguntar» (sic) sobre ese punto al ser persona interesada.
La secretaria insistía además en que de votar -o preguntar sobre el tema- denunciaría ante la Fiscalía y la Delegación del Gobierno por su responsabilidad…
Ante estas presiones la edil, miembro de la Asociación Defensa Ciudadana Activa, optó por seguir adelante y arriesgarse con la denuncia de la secretaria, resolviendo entonces el gobierno municipal dejar el punto sobre la mesa.
¿Hasta cuándo van a servir los funcionarios de escudo político a los gobiernos?, ¿no creen que cumplen mejor su función asesorando de forma imparcial antes de quedar en ridículo mintiendo para tratar de coaccionar a legítimos representantes públicos?
Lamentablemente esto que debería ser una anécdota es sólo un pequeño ejemplo de tantos que se ven a diario en los miles de municipios y administraciones de todo tipo, perjudicando gravemente el trabajo de los miles de funcionarios que quieren desarrollar su labor honestamente.
Desde Defensa Ciudadana Activa rogamos a esta Secretaria que remita cuanto antes su informe a la Fiscalía por la desobediencia de esta concejal, miembro igualmente de esta Asociación, pero sin perder un minuto, de modo que pueda aclararse si realmente tenía un mínimo de razón en sus planteamientos. De lo contrario seguiremos pensando que únicamente buscaba intimidarla para evitar que pueda llevar a cabo su legítima labor como representante electo.