Desde que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre la demanda de la Asociación Defensa Ciudadana Activa contra el Ayuntamiento de San Roque, solicitando la rectificación de las informaciones falsas e inexactas contra este colectivo, el Consistorio no ha cumplido su obligación.
Desde DCA resaltan el hecho de que, pese a los años transcurridos, y haber recurrido el Consistorio hasta al Tribunal Supremo, finalmente serán obligados a rectificar las informaciones falsas contra esta Asociación. «Las administraciones públicas, o mejor dicho sus gobernantes, no deberían utilizar los medios de todos para sus batallas particulares contra colectivos como el nuestro, no deberían confundir quién representa a quién, porque evidentemente estos gobernantes que mienten para ocultar sus chapuzas y tratar de perjudicar a asociaciones que no bailan con su música no nos representan. Algún día se darán cuenta tal vez que no somos políticos con los que pueden jugar al «y tú más», que no buscamos votos ni sillones, y las tácticas que habitualmente utilizan contra otras formaciones políticas no les sirven de nada».
Esta situación no ha sorprendido al colectivo ya que «aunque era algo muy simple de cumplir, es habitual que no hagan caso a la justicia cuando demostramos que tenemos razón«. Por ello desde la secretaría de DCA se han iniciado los trámites para solicitar la ejecución de sentencia, que obligará de esta forma a la publicación de la rectificación solicitada.
«Es de público conocimiento que los medios municipales de comunicación están sólo al servicio de los gobernantes, y el incumplimiento de la sentencia ya firme es una muestra más de ello. Ojalá existieran medios públicos neutrales, pero por alguna extraña razón siempre unos u otros acaban dejando a un lado la información veraz, contrastar las noticias pasa a ser algo pesado, y sólo atienden a cómo mostrar la mejor cara del gobernante, por muy falsa que sea«, comentaron.
Lamentablemente, indicaron desde DCA, éste puede no ser el único trámite judicial que se abra contra el Consistorio o miembros de éste, ya que «tenemos demasiados expedientes abiertos con muchísimas irregularidades sin aclarar que, una vez agotada la vía administrativa y cualquier plazo prudencial de respuesta, no tendrán otra salida que acabar en los juzgados», finalizaron.