En estos días han surgido algunas dudas sobre las ¿iniciativas? llevadas a cabo por municipios para privatizar servicios públicos, como el de atención al ciudadano, dejándolo en manos de empresas privadas, con un dudoso beneficio para el ciudadano y una carga más que financiar cada año.
El coste del servicio es de momento desconocido, así como quién es responsable de los datos que recogen y el tratamiento que dan a los mismos. Según la web es una empresa (Greental S.A.) la encargada, sin que al parecer haya registrado fichero alguno en la Agencia Española de Protección de Datos, ni informe a los ciudadanos de sus derechos conforme a ésta (ARCO).
Por ello se ha emitido una queja a la AGPD a efecto de que instruyan, en su caso, el correspondiente procedimiento.
Pero más allá de los aspectos formales de esa contratación y servicio al ciudadano, querríamos opinar sobre el efecto de esta privatización sobre el servicio al ciudadano.
En principio es evidente que como toda privatización tiene un coste para el ciudadano. Coste que bien podría haberse invertido en más personal municipal, o mejora de alguna infraestructura, pero los gobiernos respectivos, legítimamente, han optado por pagar a una empresa por un servicio que los ciudadanos hasta el momento parece que no reciben con demasiado entusiasmo. A través de estos servicios, los Ayuntamientos que han contratado a la empresa pueden recibir por medios electrónicos información sobre incidencias que detecten los ciudadanos, con el fin de actuar con mayor rapidez. Lógicamente cuando se dedican fondos municipales para que una empresa situada a miles de kilómetros gestione las incidencias, ésta no puede conocer sobre el terreno cuál es la realidad del municipio, algo que sí haría personal municipal contratado al efecto.
Para poder usar el servicio lo primero que tenemos que hacer es utilizar un ordenador con conexión a internet y registrarnos en su página web. Es necesario también disponer de correo electrónico. Estos requisitos evidentemente no son exigibles a todos los ciudadanos legalmente, por lo que de entrada ya entendemos que el procedimiento de Linea Verde no puede ser considerado un canal oficial propiamente. Si acaso un canal accesorio elegido por los gobernantes para aquellos que quieran utilizarlo.
Una persona mayor, a modo de ejemplo, que no pueda costearse el equipo informático, la conexión a internet, o no disponga de los conocimientos necesarios para manejar el correo electrónico y demás, queda fuera del uso de este servicio, y debería dirigirse al Ayuntamiento en caso de detectar cualquier incidencia, como se ha hecho toda la vida.
Si se delega en empresas externas este servicio, es de suponer que se reduce el personal municipal destinado al mismo, y eso provoca un peor servicio simplemente por desconocimiento de la realidad del municipio. Es algo similar a lo que ocurre cuando se delegan las notificaciones en la Diputación y cientos de vecinos no las reciben: no conocen el municipio luego no pueden ser tan eficaces como el personal local.
Eso sí, de cara a la galería, como página web añadida, donde al ser compartida por docenas de municipios puedes encontrar noticias de cualquier zona del país, queda muy bien. Y si además el gobierno local lo vende a sus ciudadanos como algo hecho por ellos -y cuela- mejor que mejor. La realidad, sin embargo, es bien distinta: se trata de un producto estandar que una empresa vende a docenas de Ayuntamientos, de dudoso resultado y que, además, sólo puede ser opcional porque nunca reemplazará a los canales legales oficiales de comunicación con los Ayuntamientos.
Desde el año 2.009 es obligatorio por Ley para las entidades locales el disponer de un registro electrónico de documentos, donde los ciudadanos puedan presentar cualquier tipo de escritos con carácter oficial (los presentados a través de la Línea Verde no sirven como presentación oficial), algo que la inmensa mayoría incumple. El día que los Ayuntamientos destinen fondos a lo esencial, y se dejen de tirar nuestros impuestos en campañas publicitarias encubiertas, igual podemos empezar a pensar que nuestros gobernantes nos toman como auténticos ciudadanos.
Por ello en conclusión recomendaríamos a los Ayuntamientos dedicar menos esfuerzos a privatizar lo público, dejar de añadir complementos «no oficiales» a los servicios municipales, sobre todo mientras no cumplan con la legalidad y mantengan en el olvido el registro electrónico oficial obligatorio por Ley (Disposición final tercera de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos), así como potenciar los medios locales reales, incluyendo personal de atención al ciudadano, que permitan una relación más cercana, eficaz y sobre todo dar respuesta a las demandas ciudadanas de forma real.
Más información sobre la publicidad de este servicio en : http://www.lineaverdemunicipal.com/que_es_servicio_linea_verde_gestion_de_incidencias.aspx