DCA pide que se celebren más “noches de la tapa” en San Roque

agosto 5th, 2016

Desde la Asociación Defensa Ciudadana Activa se ha remitido consulta al Ayuntamiento de San Roque para conocer “qué trámites deben realizar exactamente los colectivos sanroqueños para la realización de actividades como la “Noche de la Tapa” en este municipio”.

La consulta se realiza tras informar la web municipal de la próxima celebración de este evento, con la colaboración del Ayuntamiento, en Torreguadiaro. “Recibimos llamadas de ciudadanos y miembros de esta asociación preguntándonos cómo podrían celebrar actos similares, con venta de productos, incluso licores, en espacios públicos, porque hasta la fecha muchos han recibido la negativa por respuesta.”

De este modo, desde DCA se contrasta esta situación con la de otros colectivos a los que “o bien se cobra un canon de 10 euros diarios por un espacio de un par de metros cuadrados (cantidad que luego nadie parece saber dónde va) como el caso del mercadillo artesanal de los sábados, o directamente les prohíben cualquier actividad de venta por la actividad económica que supone, y sobre todo en lo referente a alimentos y bebidas alcohólicas sólo hay que recordar el Decreto de cierre de los ambigús de todos los campos de fútbol municipales que al parecer emitió la Alcaldía”.

Por ello, desde la Asociación quieren conocer qué procedimiento concreto ha seguido el Ayuntamiento con la “noche de la tapa” de modo que el resto de colectivos sanroqueños puedan beneficiarse de actividades similares.

Tapa

Además de ello, DCA ha resaltado las declaraciones que realizó la Teniente de Alcalde Dolores Marchena en el video de la televisión local, indicando que esa actividad “fomenta la economía”, de modo que explique por qué se ponen tantas trabas a otros colectivos. “Si desde el Ayuntamiento se quiere fomentar la economía con actividades así, no entendemos que decreten el cierre de otras cuyo beneficio repercutía en los clubes deportivos de la localidad, por ejemplo.”

Por último DCA indicó que, “dado que el Ayuntamiento de San Roque no ha atendido ninguna de las resoluciones en su contra hasta la fecha y se niega a responder nuestras peticiones, remitiremos nuestra consulta simultáneamente a otras administraciones e instituciones competentes al objeto de aclarar la situación”

El Ayuntamiento de San Roque recurre al Supremo contra DCA

julio 28th, 2016

Tras condenar la Audiencia Provincial de Cádiz al Ayuntamiento de San Roque a la rectificación de las informaciones difundidas sobre la Asociación Defensa Ciudadana Activa, dicho Consistorio ha presentado recurso ante el Tribunal Supremo.

Recordemos que DCA acudió a la vía judicial cuando en la página web del Ayuntamiento de San Roque se informaba de que  “El Ayuntamiento denunciará al presidente de DCA por suplantación de identidad de un empleado municipal”, atribuyendo al mismo hechos delictivos, al manifestar que “desde el Ayuntamiento se considera que podría haberse producido un delito grave de suplantación de personalidad y de acceso a información personal y reservada del usuario legítimo de la cuenta en ese portal”.

“En realidad, lo que había realizado DCA no es en absoluto ninguna suplantación de identidad, sino una advertencia al Ayuntamiento acerca de la vulnerabilidad de los sistemas informáticos utilizados  en la web”, nos dicen sus representantes, quienes insisten en que “Debido al sistema por el que se asignaban en la web los usuarios y contraseñas, podrían quedar expuestos a la luz pública los datos de cientos de trabajadores; pero en lugar de reconocer el error y corregirlo, decidieron matar al mensajero atacando a esta Asociación.”Texto recurso

En su recurso, el Ayuntamiento de San Roque argumenta que “mi representado no narraba unos hechos dándolos como ciertos y atribuyéndolos a una persona concreta”, para finalizar manifestando por tercera vez que “mi representado en ningún momento aludía a unos hechos como constitutivos de una información que se afirmara como cierta”.

Desde Defensa Ciudadana Activa se ha convocado una Junta Extraordinaria para decidir qué medidas tomar ante el recurso presentado por el Ayuntamiento, Junta que se celebrará la semana próxima. “Creemos que la sentencia de la Audiencia Provincial es suficientemente clara y ha puesto los puntos sobre las íes al Ayuntamiento de San Roque. Pero como juegan con el dinero de nuestros impuestos, no les importa seguir dilatando en el tiempo el cumplimiento de la resolución judicial. No obstante, vamos a estudiar opciones para la defensa de nuestros derechos y los de los ciudadanos de San Roque.”, finalizaron.

San Roque vulnera la Ley de Transparencia

julio 18th, 2016

En estos días la Asociación Defensa Ciudadana Activa (DCA) ha recibido la primera resolución a reclamaciones contra el Ayuntamiento de San Roque ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

Tras el nombramiento del Director de este Consejo, DCA amplió su protocolo de actuación ante las administraciones incluyendo la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA) por las solicitudes de información concreta no atendidas. La primera de ellas tuvo su origen en la petición remitida al Ayuntamiento de San Roque, a través de la Jefatura de Policía Local, de determinados informes a la que “el Ayuntamiento, dentro de su política de transparencia cero, no dio respuesta”. Por ello una vez transcurrido el plazo de silencio administrativo, que en estos casos es de un mes, remitieron su reclamación a través de la sede virtual de la Junta de Andalucía.

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Desde DCA destacan que “el Consejo de Transparencia de Andalucía ha seguido estrictamente el protocolo, informándonos días después de la reclamación del plazo y efecto del posible silencio administrativo, aunque no obstante han resuelto en el plazo marcado normativamente, inferior a tres meses, la reclamación. Además, no han permitido que el silencio administrativo por parte del Ayuntamiento de San Roque, que no ha contestado tampoco a su requerimiento, retrase el procedimiento, como sí ocurre con otras instituciones“, indicaron.

Según la resolución del CTPDA, tras recibir la reclamación de DCA solicitó informe el pasado 21 de abril al Ayuntamiento de San Roque, “sin que hasta la fecha se haya recibido información relativa a dicha petición“, por lo que aplicando la normativa de procedimiento administrativo común continuaron el procedimiento sin contar con la administración local.

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Ante esta falta de contestación del Ayuntamiento, el Consejo de Transparencia de Andalucía recuerda en relación al acceso de los ciudadanos a la información que “Este acceso se configura como un verdadero derecho, que en su vertiente procedimental lleva a establecer la regla general del acceso a dicha información. Constituye pues la excepción la denegación o limitación del acceso” (Exponsición de motivos, II, de la LTPA). Se presume, pues, la publicidad de los “contenidos o documentos” que obren en poder de las Administraciones y “hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” (art. 7b de la LTPA), de tal suerte que, en línea de principio, ha de proporcionarse la información solicitada por la ciudadanía. Por consiguiente, recae sobre la Administración -y sobre el tercero afectado que se oponga a la solicitud de información- la carga de argumentar la pertinencia de aplicar algún límite que justifique la denegación del acceso a la misma” (Fundamento Jurídico Tercero).

Destaca igualmente el Director del Consejo de Transparencia en su resolución que “el Ayuntamiento de San Roque no ha contestado al requerimiento de informe, expediente y alegaciones que tuviera por conveniente plantear para resolver la reclamación interpuesta y, por tanto, no ha invocado ninguna limitación prevista legalmente que pueda justificar la denegación del acceso a la información solicitada. Como quiera que sea, conforme a lo previsto en el 83.3 de la Ley 30/92, “de no emitirse el informe en el plazo señalado y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones cualquiera que sea el carácter del informe solicitado””

Sanidad sustituirá las agujas para diabéticos defectuosas en Málaga

julio 9th, 2016

Meses atrás se informó por parte de miembros de DCA en Málaga del daño que estaban produciendo las nuevas agujas para diabéticos en esa zona.

Al parecer el producto que venía suministrando el SAS hasta la fecha (BD “Thin Wall”) fue sustituido por otro, de la marca Glucojet “Pen Needles”, que provocaba hematomas y muchísimo dolor a los pacientes.

Tras confirmar distintos centros de salud que era un problema conocido, que no afectaba sólo a los menores cuyas quejas nos hicieron llegar, se remitió reclamación al Distrito Sanitario competente, que ha aceptado volver desde hace unas semanas al producto anterior.

Contestación D.S. Málaga

En su escrito, el Distrito Sanitario de Málaga-Guadalhorce explica que las selección de compras se realiza para toda la provincia de Málaga, por lo que aunque hemos comprobado que se ha cambiado a los pacientes que nos hicieron llegar el problema, no descartamos que puedan seguir usando los nuevos productos en otros distritos sanitarios.

Esperamos que, tras las comprobaciones que la administración indica está realizando, se anule el suministro de la marca Glucojet por los efectos que produce en pacientes que lo precisan a diario.

Si conoce a personas que padezcan diabetes tipo I en la provincia de Málaga, puede reclamar a su distrito sanitario en caso de que esté padeciendo los problemas ocasionados por el Glucojet, que ha empezado a suministrarse al parecer en el mes de mayo.

Un vehículo rompe el cárter al pasar un badén en Sotogrande

julio 1st, 2016

La Asociación Defensa Ciudadana Activa ha solicitado a la Policía Local que compruebe la licencia de los responsables de la construcción de badenes en la zona conocida como La Reserva de Sotogrande. En su petición DCA recuerda que al no cumplir la normativa básica que regula la construcción de badenes y resaltos en la calzada, “sólo puede ser considerado como obstáculo”, como determinó en su día el informe realizado por los servicios de Urbanismo del Ayuntamiento de San Roque.

Según dicha normativa, los badenes del tipo “lomo de asno” deben medir siete centímetros de alto como máximo, pero el que ha provocado el accidente, además de daños a numerosos vehículos a juzgar por las marcas que conserva, tiene una altura de 17 centímetros en su centro. “Es decir, que el obstáculo supera en casi un 150% el máximo legal permitido, lo cual explica los daños que produce a quienes transitan por la vía, abierta al público desde hace años.”

De hecho, hace unas semanas produjo serios daños en un vehículo que llegó a romper el cárter de aceite, por lo que tuvo que ser sometido a una costosa reparación.

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Por ello desde DCA se pide a la Policía Local, como policía administrativa, que comprueben la legalidad de esa construcción y procedan en su caso con el correspondiente expediente sancionador. “Los obstáculos ilegales deben ser eliminados por la seguridad de los vehículos. No comprendemos cómo han podido construir en distintas partes del municipio obstáculos de 15 a 18 cms. con total impunidad, provocando accidentes y daños por desgaste que luego deben asumir los propietarios de los vehículos.”, denunciaron.

Además de la comprobación de la documentación, desde DCA se espera que se restaure la legalidad urbanística eliminando los obstáculos. “Hay unas normas, unas medidas, y si quieren poner reductores de velocidad deben cumplirlas. Por ello instaremos a los responsables de la policía administrativa o la Delegación de Urbanismo a hacer cumplir las normas en beneficio de los ciudadanos.”

La AGPD pide datos sobre las cámaras de Alcaidesa

junio 1st, 2016

La Agencia Española de Protección de Datos ha solicitado a Defensa Ciudadana Activa datos sobre la difusión de imágenes de cámaras de seguridad detectada a primeros del pasado mes de mayo.

AGPD

En esas fechas el presidente de la Asociación de Vecinos Alcaidesa procedió a la difusión de imágenes captadas por cámaras de seguridad instaladas en la Avda. de la Hacienda a través de redes sociales. Según indicó el acceso y uso se realizó a título “exclusivamente personal”, pero por el contexto parecían relacionar un determinado vehículo con presuntos delincuentes, aunque según los comentarios en la misma red social no se denunció ante la autoridad competente.

Imagen cámara Alcaidesa

A juicio de DCA “entendemos que el uso con fines exclusivamente personales de las imágenes captadas por cámaras de seguridad de espacios públicos podrían vulnerar los derechos de quienes utilizan esas vías para acceder a sus espacios públicos, playas, hoteles, etc, por lo que se realizó la oportuna consulta a la AGPD”.

En su escrito, la Agencia Española de Protección de Datos, además de solicitar ampliación sobre la ubicación y titulares de las cámaras que podrían afectar al espacio público, indica que esta agencia “tiene legalmente atribuida la función de velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y controlar su aplicación.”, por lo que ha procedido a abrir un expediente informativo sobre esta situación.

Condenan al Ayuntamiento de San Roque a rectificar las informaciones sobre DCA

mayo 3rd, 2016

La Audiencia Provincial de Cádiz ha emitido una sentencia condenando al Ayuntamiento de San Roque a publicar en la página web municipal en el plazo de tres días la rectificación solicitada por la Asociación Defensa Ciudadana Activa.

Los hechos se remontan a 2013 cuando, según relata la sentencia, se había publicado en la página web del Ayuntamiento de San Roque información sobre un supuesto delito de suplantación de identidad de un empleado municipal, por lo que la Asociación solicitó directamente a la Alcaldía que rectificara la información mostrando su negativa, así como que no estaba comprobado que sea imposible acceder por error a su web y que el propio personal del Ayuntamiento había restringido el acceso a instancias de DCA.

Al negarse el Ayuntamiento la Asociación interpuso la demanda de rectificación correspondiente, siendo rechazadas sus pretensiones por el Juzgado de San Roque en primera instancia. “La juez entendía que el Ayuntamiento no publicaba información, sino opinión, y por tanto no podía rectificarse. Podríamos estar de acuerdo en lo primero ya que realmente no informan sino todo lo contrario, pero no en que no tengamos derecho a pedir una rectificación, por lo que recurrimos en apelación a la Audiencia Provincial”, informaron.

De este modo, tras año y medio de espera, finalmente la Audiencia Provincial se ha pronunciado y ha revocado dicha sentencia admitiendo el derecho de la Asociación a que se rectifiquen las informaciones sobre este colectivo, y ordenando al Ayuntamiento publicar dicha rectificación en el plazo de tres días. La Audiencia Provincial anula además en su fallo la condena en costas anterior a la Asociación, además de ordenar la devolución del depósito efectuado para el recurso.

La sentencia de la Audiencia Provincial recuerda distintas sentencias  por las que “la rectificación opera como un complemento a la información que se ofrece a la opinión pública, mediante la aportación de una contraversión sobre hechos en los que el sujeto ha sido implicado por la notifica difundida por un medio de comunicación (…) si bien el derecho de rectificación constituye un derecho autónomo de tutela del propio patrimonio moral, a la vez opera como instrumento de contraste informativo que supone un complemento de la garantía de libre formación de la opinión pública“.

Por ello desde DCA resaltan la importancia de ejercer este derecho “cuando se utilicen medios públicos para presionar a ciudadanos o colectivos molestos para los gobiernos. Cualquier medio de información plural admite las versiones de las distintas partes implicadas en las noticias, pero algunos medios locales claramente politizados sólo están al servicio del gobernante de turno, aunque se financien con nuestros impuestos, por lo que en estas situaciones la ciudadanía no debe conformarse y debe ejercer su legítimo derecho a la información plural.”, insistieron.

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Pagina5La Audiencia Provincial de Cádiz resalta en su razonamiento que el ejercicio de este derecho de rectificación “favorece incluso el interés colectivo en la búsqueda y recepción de la verdad que aquel derecho fundamental procura”, algo que desde DCA consideran que “no es el objetivo de medios municipales manipulados desde cargos políticos, sino sólo dar la imagen que el gobernante quiere, dejan de ser medios de comunicación para convertirse en meros medios de propaganda política, como demuestra su negativa a publicar nuestra versión como ahora obliga una sentencia judicial“.

Finaliza el tribunal su exposición señalando que “en el caso de autos la denegación de la rectificación solicitada en los términos que establece la Ley Orgánica 2/1984 (recordemos que se estaba diciendo que se había cometido un delito, no solamente que se iba a acudir a la justicia como dice la juez) carece de toda lógica, en cuanto que claramente se pretendía por quien ejercita este derecho que aquella información que entendía inexacta y lesiva de sus intereses fuera contrapuesta”

Desde la Asociación sanroqueña, que desde el año pasado forma parte de un grupo de coordinación más amplio a nivel estatal, han pasado la información del procedimiento a los demás colectivos “para que sean conscientes de sus derechos y los ejerciten, ya que en más de una ocasión los Ayuntamientos utilizan medios municipales contra los colectivos que consideran molestos, manipulando la información sin respetar el legítimo derecho de los ciudadanos a exigirles rectificación”, finalizaron.

El PSOE de Sanlúcar de Guadiana sigue apostando por la “transparencia cero”

abril 21st, 2016

El exalcalde socialista de Sanlúcar de Guadiana (Huelva) intenta que el actual Alcalde niegue el acceso a la documentación pública que él considera “privilegiada”.

Cabe recordar que desde la aprobación de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, su art. 13 define como información pública “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.” Es decir: que toda la documentación de la administración pública pasa a ser realmente pública, salvo excepciones muy puntuales definidas en el art. 14 de la misma Ley.

Sin embargo, el exalcalde considera que no se ha respetado su derecho a la protección de datos personales. Probablemente desconozca que el art. 15 de la misma Ley de transparencia establece que se anonimicen los datos personales referidos por el apartado 2 del art. 7 de la LOPD, que corresponden a los de ideología, religión, creencias, afiliación sindical, origen racial, salud, vida sexual, sin que se refiera a ninguno de estos en su alegato. El resto de datos, como los considerados meramente identificativos, carecen de protección alguna, ya que la LOPD no se aplica a las informaciones de carácter público.

Realmente la preocupación del ex-alcalde le viene de lejos, y no es precisamente que quiera velar por el cumplimiento de la LOPD, sino por procurar que los contratos realizados por el Consistorio con personas cercanas a los gobernantes no salgan a la luz…. y sintiéndolo mucho, los ciudadanos tienen derechos, también en Sanlúcar de Guadiana.

En concreto el exalcalde se queja de que un miembro de DCA en esa población haya recopilado distintos documentos municipales y los presentara a la Fiscalía, que lógicamente ha iniciado las oportunas averiguaciones. No todas van tan rápido como la de los compañeros en Ambite, pero estamos seguros que harán su trabajo.

Y si le preocupan los que ya han llegado, que espere a ver los que están en estudio actualmente, porque igual también consideraba que los ciudadanos más cercanos a la alcaldía estaban exentos del pago de suministros cuando contrataban con su Ayuntamiento… y va a ser que no.

Al actual Alcalde de esta población le agradecemos que intente hacer cumplir la norma, que facilite el acceso a los ciudadanos, y esperamos que no cambie su actitud por muchas amenazas que reciba, permitiendo que la transparencia sea norma fundamental de la administración pública.

La Guardia Civil interviene en Ambite (Madrid)

abril 17th, 2016

Como en tantos Ayuntamientos, compañeros de Ambite detectaron “irregularidades” en los pagos de los que podrían haberse beneficiado concejales del antiguo gobierno municipal.

De las irregularidades analizadas, algunas son casi “habituales” en otros Ayuntamientos que conocemos, pero otras, de las que de momento no damos detalle, nos sorprendieron especialmente.

Hasta las pasadas elecciones municipales el gobierno local rechazaba de plano cualquier petición que pudiera arrojar algo de luz sobre qué ocurría en esa localidad, y en concreto a esta Asociación le rechazó recursos y solicitudes apoyados en el rodillo de su mayoría, con la necesaria colaboración de la Secretaria General. Algo por desgracia también habitual en tantas administraciones.

Sin embargo, tras el pasado mes de mayo el gobierno pasó a la oposición por lo que las puertas de este Ayuntamiento se abrieron a la ciudadanía y la información que se pudo obtener corroboró lo que ya eran secretos a voces. Lógicamente la denuncia ante la Fiscalía fue inmediata.

El interés de estos ciudadanos por fiscalizar las cuentas municipales, que debería haber sido aplaudido por la actual Alcaldesa de la localidad, comenzó a ser motivo de recelo. No sabemos si preocupada por si fuera a quedar en mal lugar como regidora que no se preocupa por exigir responsabilidades por las deudas que se ha encontrado, o por esa “Ley no escrita” entre políticos que reza “hoy por tí y mañana por mí”, por la que los unos se tapan a los otros y todo queda en casa, pero el nuevo equipo de gobierno, no tardó mucho en copiar la actitud del anterior Alcalde y poner todas las trabas posibles al acceso a la información pública de los ciudadanos.

Suponemos que por pura ignorancia, para no pensar que ha sido por mala fe, la nueva Alcaldesa piensa que puede impedir el acceso a la información no sólo a los ciudadanos y colectivos, si no también a los propios ediles de este Consistorio, como demuestra esta respuesta con registro de salida del pasado 13 de abril.

Ambite

Lo que desconocía la Alcaldesa es que al día siguiente iba a ver cumplidos sus deseos, y el Ayuntamiento sería objeto de un registro por el Equipo de Fraude Económico y Blanqueo de Capitales de la Guardia Civil, que conocedores de la situación llevaban bien claro en un informe de 13 páginas qué documentos precisaban para comprobar los hechos denunciados.

La Alcaldesa al parecer, demostrando su “talante colaborador”, se negó a que los denunciantes que fueron requeridos por la propia Guardia Civil “tocaran ningún papel”, lo cual aunque entorpecería algo la labor, desde luego no pudo impedirla.

Lamentable comportamiento por tanto de quienes se supone deben representar los intereses de todos los ciudadanos y sólo se preocupan de poner trabas a la legítima actuación de estos. Ahora sólo cabe preguntarse cómo es posible que una nueva Alcaldesa y equipo de gobierno, con mucho más acceso a la documentación municipal que simples ciudadanos o incluso concejales no gobernantes de ese Ayuntamiento, no denunciara los hechos. ¿Cuál es la prioridad de su gobierno?, ¿tapar los trapicheos de sus antecesores poniendo zancadillas a quienes lo denuncien?

En las actuaciones, la autoridad judicial además de investigar los cobros realizados por el anterior Alcalde y 3 de sus concejales, también ha incluido a la anterior Secretaria-Interventora, algo que nos parece normal puesto que si hubo irregularidades los técnicos municipales deberían ser plenamente conscientes de ellas y las habrían permitido por acción u omisión.

Investigados

Esperamos se aclare el uso y abuso de los bienes municipales que hayan podido realizar los gobernantes de este municipio, agradeciendo a la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Madrid su rápida y concisa labor, que aunque debería ser algo normal porque así es su trabajo, echamos de menos en muchos otros municipios.

El Alcalde “más transparente de la historia” sigue sin contestar al Defensor del Pueblo

abril 12th, 2016

El Alcalde de San Roque (Cádiz), sigue sin hacer caso ni contestar siquiera a las recomendaciones del Defensor del Pueblo Andaluz. Así lo indica la Institución Andaluza en el escrito remitido estos días a la Asociación Defensa Ciudadana Activa.

Cabe recordar que tras iniciar expediente de queja por el trato discriminatorio que sufren determinados colectivos en San Roque, la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz concluyó con unas recomendaciones al Ayuntamiento.

En ellas, se daba un mes al Alcalde del Ayuntamiento para responder tras un recordatorio legal. Sin embargo, desde DCA ya se ha confirmado al Defensor del Pueblo Andaluz que el Consistorio no ha respondido a ninguna de las solicitudes realizadas, continuando la política de “transparencia cero” que ha venido desarrollando estos años.

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz

Desde la Asociación Defensa Ciudadana Activa se ha puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo la necesidad de cerrar el expediente, dado que legalmente esta Institución los paraliza si se inician medidas legales, que sería el próximo paso tras la negativa sistemática del Alcalde a cumplir la legalidad. Por ello esperan que en breve den por finalizadas sus gestiones confirmando la negativa del Consistorio a aceptar su recomendación.

Respuesta DCA1

Cabe recordar que el Ayuntamiento de San Roque tiene pendiente un expediente por infracción de la Ley de Protección de Datos después de que la AGPD resolviera en varias ocasiones a favor de ciudadanos de miembros de DCA a los que el Consistorio se negó igualmente a responder, sin que hasta el momento haya cumplido ninguna de las resoluciones notificadas.

Por todo ello, desde la Asociación entienden que ya “hay elementos suficientes para pasar a otro nivel, toda vez que hemos sido pacientes, hemos seguido todos los procedimientos administrativos, recurrido a las instituciones competentes, pero parece más que evidente que los responsables municipales se niegan a respetar los derechos de los ciudadanos.