Defensa Ciudadana Activa

La Audiencia Provincial de Cádiz ha emitido una sentencia condenando al Ayuntamiento de San Roque a publicar en la página web municipal en el plazo de tres días la rectificación solicitada por la Asociación Defensa Ciudadana Activa.

Los hechos se remontan a 2013 cuando, según relata la sentencia, se había publicado en la página web del Ayuntamiento de San Roque información sobre un supuesto delito de suplantación de identidad de un empleado municipal, por lo que la Asociación solicitó directamente a la Alcaldía que rectificara la información mostrando su negativa, así como que no estaba comprobado que sea imposible acceder por error a su web y que el propio personal del Ayuntamiento había restringido el acceso a instancias de DCA.

Al negarse el Ayuntamiento la Asociación interpuso la demanda de rectificación correspondiente, siendo rechazadas sus pretensiones por el Juzgado de San Roque en primera instancia. “La juez entendía que el Ayuntamiento no publicaba información, sino opinión, y por tanto no podía rectificarse. Podríamos estar de acuerdo en lo primero ya que realmente no informan sino todo lo contrario, pero no en que no tengamos derecho a pedir una rectificación, por lo que recurrimos en apelación a la Audiencia Provincial”, informaron.

De este modo, tras año y medio de espera, finalmente la Audiencia Provincial se ha pronunciado y ha revocado dicha sentencia admitiendo el derecho de la Asociación a que se rectifiquen las informaciones sobre este colectivo, y ordenando al Ayuntamiento publicar dicha rectificación en el plazo de tres días. La Audiencia Provincial anula además en su fallo la condena en costas anterior a la Asociación, además de ordenar la devolución del depósito efectuado para el recurso.

La sentencia de la Audiencia Provincial recuerda distintas sentencias  por las que “la rectificación opera como un complemento a la información que se ofrece a la opinión pública, mediante la aportación de una contraversión sobre hechos en los que el sujeto ha sido implicado por la notifica difundida por un medio de comunicación (…) si bien el derecho de rectificación constituye un derecho autónomo de tutela del propio patrimonio moral, a la vez opera como instrumento de contraste informativo que supone un complemento de la garantía de libre formación de la opinión pública“.

Por ello desde DCA resaltan la importancia de ejercer este derecho “cuando se utilicen medios públicos para presionar a ciudadanos o colectivos molestos para los gobiernos. Cualquier medio de información plural admite las versiones de las distintas partes implicadas en las noticias, pero algunos medios locales claramente politizados sólo están al servicio del gobernante de turno, aunque se financien con nuestros impuestos, por lo que en estas situaciones la ciudadanía no debe conformarse y debe ejercer su legítimo derecho a la información plural.”, insistieron.

La Audiencia Provincial de Cádiz resalta en su razonamiento que el ejercicio de este derecho de rectificación “favorece incluso el interés colectivo en la búsqueda y recepción de la verdad que aquel derecho fundamental procura”, algo que desde DCA consideran que “no es el objetivo de medios municipales manipulados desde cargos políticos, sino sólo dar la imagen que el gobernante quiere, dejan de ser medios de comunicación para convertirse en meros medios de propaganda política, como demuestra su negativa a publicar nuestra versión como ahora obliga una sentencia judicial“.

Finaliza el tribunal su exposición señalando que “en el caso de autos la denegación de la rectificación solicitada en los términos que establece la Ley Orgánica 2/1984 (recordemos que se estaba diciendo que se había cometido un delito, no solamente que se iba a acudir a la justicia como dice la juez) carece de toda lógica, en cuanto que claramente se pretendía por quien ejercita este derecho que aquella información que entendía inexacta y lesiva de sus intereses fuera contrapuesta”

Desde la Asociación sanroqueña, que desde el año pasado forma parte de un grupo de coordinación más amplio a nivel estatal, han pasado la información del procedimiento a los demás colectivos “para que sean conscientes de sus derechos y los ejerciten, ya que en más de una ocasión los Ayuntamientos utilizan medios municipales contra los colectivos que consideran molestos, manipulando la información sin respetar el legítimo derecho de los ciudadanos a exigirles rectificación”, finalizaron.

El exalcalde socialista de Sanlúcar de Guadiana (Huelva) intenta que el actual Alcalde niegue el acceso a la documentación pública que él considera “privilegiada”.

Cabe recordar que desde la aprobación de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, su art. 13 define como información pública “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.” Es decir: que toda la documentación de la administración pública pasa a ser realmente pública, salvo excepciones muy puntuales definidas en el art. 14 de la misma Ley.

Sin embargo, el exalcalde considera que no se ha respetado su derecho a la protección de datos personales. Probablemente desconozca que el art. 15 de la misma Ley de transparencia establece que se anonimicen los datos personales referidos por el apartado 2 del art. 7 de la LOPD, que corresponden a los de ideología, religión, creencias, afiliación sindical, origen racial, salud, vida sexual, sin que se refiera a ninguno de estos en su alegato. El resto de datos, como los considerados meramente identificativos, carecen de protección alguna, ya que la LOPD no se aplica a las informaciones de carácter público.

Realmente la preocupación del ex-alcalde le viene de lejos, y no es precisamente que quiera velar por el cumplimiento de la LOPD, sino por procurar que los contratos realizados por el Consistorio con personas cercanas a los gobernantes no salgan a la luz…. y sintiéndolo mucho, los ciudadanos tienen derechos, también en Sanlúcar de Guadiana.

En concreto el exalcalde se queja de que un miembro de DCA en esa población haya recopilado distintos documentos municipales y los presentara a la Fiscalía, que lógicamente ha iniciado las oportunas averiguaciones. No todas van tan rápido como la de los compañeros en Ambite, pero estamos seguros que harán su trabajo.

Y si le preocupan los que ya han llegado, que espere a ver los que están en estudio actualmente, porque igual también consideraba que los ciudadanos más cercanos a la alcaldía estaban exentos del pago de suministros cuando contrataban con su Ayuntamiento… y va a ser que no.

Al actual Alcalde de esta población le agradecemos que intente hacer cumplir la norma, que facilite el acceso a los ciudadanos, y esperamos que no cambie su actitud por muchas amenazas que reciba, permitiendo que la transparencia sea norma fundamental de la administración pública.