DCA pregunta sobre los protocolos para embargos de la AEAT

La Asociación Defensa Ciudadana Activa solicitará información sobre los protocolos de la administración tributaria para comprobar el origen de saldos bancarios objeto de embargo.

Esta consulta se realiza tras detectar el embargo reiterado, por infracciones administrativas o deudas de impuestos que no han podido abonar, en cuentas con saldo inembargable ya que, aunque posteriormente se realice su devolución, el daño causado a las unidades familiares es muy significativo.

“Hablamos de familias con muy bajos recursos, por debajo del salario mínimo interprofesional, cuyas pensiones, subsidios o salarios si los tuvieran vienen siendo embargados a primeros de mes dejándoles las cuentas con saldo cero hasta el siguiente. Eso incumple la normativa en vigor y no es admisible.”, denunciaron.

DCA recordó que tanto el art. 607 y 609 de la Ley 1/2000 de 7 de Enero de Enjuiciamiento Civil, como el propio artículo 171.3 de la Ley 58/2003 General Tributaria, indican como inembargables los saldos en cuentas corrientes que provengan de salarios o pensiones por debajo del salario mínimo interprofesional.

Hasta la fecha la administración ha respondido a quienes han recurrido estos embargos que corresponde al ciudadano el peso de la prueba, algo que podrían admitir si ocurriera una sóla vez, pero no cuando a la misma unidad familiar se le realizan varios, incluso con meses de diferencia, siendo ya conocedora la administración del origen y habitualidad de los ingresos de esas cuentas.

Ante esta situación DCA recomienda solicitar la identificación de los funcionarios responsables del expediente, y si la situación causa un perjuicio mayor que la retención de unos días, solicitar la apertura de expediente conforme al Estatuto Básico del Empleado Público y la reclamación de daños por la vía civil. “Además de embargarles el saldo de cuentas corrientes, la administración está solicitando extensos listados mecanizados por las entidades bancarias, que tienen un coste para el ciudadano, cuando la administración tiene acceso a esos datos con la normativa vigente. Es un daño añadido al ciudadano que retrasa las devoluciones y ocasiona mayores costes.”, criticaron.

Se da la circunstancia además de que las familias afectadas, por su escasez de ingresos, serán también beneficiarias de la justicia gratuita, por lo que DCA recomienda acudir al Colegio de Abogados a solicitarla si la administración no soluciona el error rápidamente y se entienden perjudicados.