La justicia ordena a Multimedia rectificar sus informaciones sobre DCA

Tras dar la razón la Audiencia Provincial a la Asociación Defensa Ciudadana Activa frente al Ayuntamiento de San Roque, instándole a rectificar la información falsa difundida por los medios municipales, y rechazar el Tribunal Supremo su recurso de apelación, la empresa Multimedia, perteneciente al Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) ha publicado finalmente la rectificación ordenada.

Desde el colectivo han lamentado que “una vez más queda demostrado que los medios supuestamente públicos que pagamos de nuestros impuestos no se definen precisamente por dar información veraz. A los gobiernos les interesan más medios de propaganda que de información, lo cual justifica que pese al coste de más de un millón de euros anuales estos medios supuestamente públicos no permitan otros puntos de vista que molesten al gobierno local y obliguen a que la justicia deba ordenar la ejecución de una sentencia firme desde hace más de un año para que cumplen la Ley”, denunciaron.

Lamentablemente no esperamos cambios en la política puramente publicitaria de los medios municipales. Seguirán dedicándose al pase periódico de fotos de los concejales, el anuncio de inauguración de obras, y cualquier propaganda similar, dejando de lado las informaciones de colectivos locales que no aplaudan sin más al gobierno local de turno. Parece ser la única forma de que los “periodistas” conserven su trabajo, ya que todos conocemos bastantes casos de profesionales que han perdido sus puestos por ser fieles a la verdad y la pluralidad. Está claro que eso nunca ocurrirá en San Roque.

Las administraciones públicas deberían entender que los ciudadanos tienen derechos y no pueden ir utilizando los medios públicos a su antojo. En este sentido San Roque ha sido el máximo exponente de administración hostil con la ciudadanía, dedicando ingentes medios a subvencionar y promocionar colectivos y empresas de confianza mientras marginan al resto, les impiden sus legítimos derechos, e incluso les obligan a recurrir a la tutela judicial para defenderse. “Esperamos que hayan entendido que no todo vale para evitar las críticas, que un Ayuntamiento no es un Cortijo donde todo lo público pasa a ser de sus partidos. Todos los ciudadanos tienen derechos y están dispuestos a exigirlos“, finalizaron.