Tras casi una década desde que la normativa exigiera la implantación de registros electrónicos en la administración pública, el Ayuntamiento de San Roque estrenó recientemente el suyo. La Asociación Defensa Ciudadana Activa, que llevaba años exigiendo la implantación del servicio, fue la primera en registrar una petición, que ha sido rechazada por la Secretaría General.
El motivo de la inadmisión se basa en que, según la Secretaria General Ana Núñez de Cossío, el Ayuntamiento de San Roque no presta «el servicio de ventanilla única», indicando a la asociación que presenten sus escritos en la Subdelegación del Gobierno.
Desde la Asociación se ha respondido a esta negativa informándole de la derogación de la Ley 30/92, «que sí exigía un convenio con las administraciones para tramitar escritos entre ellas, pero que ha quedado obsoleto con la entrada en vigor de la Ley 39/2015, que establece claramente que es posible presentar un escrito para cualquier administración pública en los registros electrónicos de cualquier otra administración, incluyendo las administraciones locales.», informaron.
Por ello consideran que el Ayuntamiento de San Roque tiene dos opciones, «o tramitan nuestras peticiones, o cierran nuevamente el registro electrónico, que por otro lado no cumple con la Ley de Procedimiento Administrativo puesto que no es válido para cualquier plataforma y no entrega copia sellada de la documentación presentada, como hemos informado igualmente a la Secretaría General», criticaron.
Debido al tiempo transcurrido desde que se estableció la obligación del registro electrónico a las administraciones locales, DCA ha solicitado igualmente las partidas presupuestarias y plazos aprobados en cada presupuesto general (obligatorio desde 2.009 conforme a la disposición adicional tercera de la Ley 11/2007), así como copia de los contratos con empresas que ha establecido este Ayuntamiento para ello.
«Tenemos conocimiento de que se han contratado empresas para el desarrollo del registro electrónico desde el 2.012 como mínimo, por lo que nos parece excesivo que lleven tantos años y aún no tengan una versión válida operativa. Por eso hemos solicitado los contratos para conocer cómo han sido tan flexibles y cuánto ha supuesto a las arcas públicas el retraso.», indicaron.
Desde DCA consideran que, «no siendo la primera vez que rechaza nuestras peticiones vulnerando la legislación vigente, es muy grave que un Ayuntamiento tenga al frente de las decisiones administrativas a quien, pese a indicar en sus respuestas su calidad de Doctora en Derecho, puede estar perjudicando gravemente a los ciudadanos con su particular interpretación de la Ley, porque no queremos pensar que simplemente la desconoce.»