Llevamos tiempo oyendo hablar del recorte que cierto Partido Político (las siglas son lo de menos) realizó en esta legislatura en San Roque, del ajuste que realizaron en sus salarios, pero a la luz de los datos hay cuentas que no acaban de cuadrar. ¿Acaso quieren convencernos los políticos que en estos años de crisis se han permitido cobrar menos que antes? Todo es posible, pero para eso están las hemerotecas. No hace falta rascar mucho, así que estas indicaciones no pretenden ser exhaustivas, sino sólo un ejemplo de cómo han cambiado los salarios públicos de ciertos dirigentes con la crisis.
Algunos de los representantes locales en San Roque (Cádiz) son:
Juan CarlosRuix Boix (Alcalde)
Sueldo actual 2011-2014: 54.021’94 euros/año – 3.858’71 euros/mes en 14 pagas
Cargo anterior: Concejal Delegado de Hacienda
Sueldo anterior 2008: 40.090’00 euros/año
Incremento: 13.931’94 euros/año
Dolores Marchena Pérez (Teniente de Alcalde)
Sueldo actual 2011-2014: 40.587’96 euros/año – 2.899’14 euros/mes en 14 pagas
Cargo anterior: Asesora de Participación Ciudadana
Sueldo anterior 2008: 31.545 euros/año
Incremento: 9.042’96 euros/año
Juan Roca Quintero (Teniente de Alcalde)
Sueldo actual 2011-2014: 40.587’96 euros/año – 2.899’14 euros/mes en 14 pagas
Cargo anterior: Se desconoce, aunque ahora tampoco precisa cumplir función alguna para cobrar.
Jesús Mayoral Mayoral (Concejal, Delegado de Hacienda y Disciplina Urbanística)
Sueldo actual 2011 – 2014: cero euros (éste tiene trabajo)
El gasto en cargos públicos y de confianza en los años 2.008 y 2.011 (aprobado por los mismos partidos que hoy gobiernan) fue de 766.650’00 euros (con el actual Alcalde como Edil de Hacienda), y 394.137’66 euros (con el Concejal que tiene trabajo como edil de Hacienda). ¿Cuáles eran las diferencias? Pues evidentemente se ha reducido drásticamente la cantidad total, pero tanto por el coste por cargo como por el número de personas que se han «colado» en esta aprobación. Si antes eran hasta 19 los cargos cuyos salarios se hacían públicos, ahora se reducen a «sólo» once. Pero ojo, eso sólo significa que se hacen públicos los salarios de once cargos, no que los demás no estén recolocados en puestos menos transparentes…
¿No llama la atención el que un edil que lleva Delegaciones relacionadas con Hacienda y Urbanismo no cobre del Ayuntamiento? El motivo entendemos que es muy simple: la verdadera labor de un Concejal se basa en tomar decisiones, y el trabajo real lo llevan a cabo funcionarios. Por eso si el edil tiene trabajo propio no necesita ser «subvencionado» desde las arcas públicas. No obstante, el partido al que pertenece este edil nos cobra por la «colocación» de su compañero, el tercer Teniente de Alcalde cuya función real se desconoce, más allá de acudir 4 horas un día a la semana a unas oficinas municipales, y por lo cual nos sabla poco menos de 3 mil euros mensuales (seis mil los meses que cobra extra).
Este duo es el mejor ejemplo de que los ciudadanos no pagamos por un trabajo real de los ediles, sino por la necesidad que éstos tengan de enriquecerse a nuestra costa. Si un Ayuntamiento precisara cierto número de ediles liberados para su funcionamiento… ¿no debería mantenerse en el tiempo?, ¿qué justifica entonces que se repartan nuestros impuestos en función de sus pactos entre partidos?
San Roque ha dado un claro ejemplo en los años 2.008 a 2.011. En el año 2.008 el pacto de gobierno «obliga» a aprobar la liberación de nueve ediles más el Alcalde. En 2009 cambia el gobierno local, con un pacto entre mayor número de ediles, y se aprueba la liberación de 11 ediles más Alcalde. En 2011 surge otro gobierno, nuevo pacto, y se reducen los liberados a 8 más Alcalde. De este modo queda claro que ya existe una «renta social básica» para concejales, que en San Roque se estima en 3 mil euros al mes, y el único requisito para cobrarla es haber pactado con el Alcalde de turno pertenecer al gobierno local.
Este era el gasto en cargos públicos en 2.008 (gobierno similar al actual)
En 2.009 cambia el gobierno y se «reduce» el gasto con esta nueva composición.
Y en 2.011 se vuelve a «reducir» con una nueva composición del gobierno salido de las últimas elecciones locales (salarios a multiplicar por 14 pagas).
Con estos datos hacemos algunas anotaciones:
1.- Tanto el Alcalde como primera Teniente de Alcalde (y el resto casi por simpatía) han pasado a cobrar bastante más que en el anterior periodo corporativo, con incrementos superiores al 20%.
2.- Otros cargos, como el Concejal Delegado de Hacienda, no cobran porque ya tienen ingresos, aún siendo de las Concejalías más relevantes, por lo que descartamos que sea imprescindible la liberación de ediles, siempre que éstos tuvieran trabajo, lógicamente.
3.- Si se liberan ediles por carecer de trabajo anterior, se les conceden delegaciones independientemente de las necesidades de la ciudadanía. Simplemente se reparten entre el número de ediles que formen gobierno para que así cobren todos «justificadamente». Además, en la mayoría de los casos sus «gestiones» se limitan a pasear por el municipio y hacerse las fotos de rigor para cuando toquen notas de prensa.
4.- En la época que estamos, por mucha necesidad de cobrar un salario que tengan quienes acceden a un cargo público, no es para nada proporcional el sueldo que se les asigna con la labor que realizan. A simple modo de ejemplo, un edil por hacerse una foto al lado de un trabajador fumigando el cesped, «desempeña» una labor mucho menos penosa y peligrosa y sin embargo su nómina puede triplicar la del trabajador municipal. ¿Pagamos por un trabajo realizado o por su «status» político?, ¿realmente se reparten delegaciones o títulos nobiliarios?
Estas situaciones no son un hecho aislado, y pueden extrapolarse probablemente a casi cualquier municipio hoy en día (hay excepciones, afortunadamente). En relación a la necesidad de cobrar de los cargos públicos, y a la «reducción» de cargos de confianza, suele ser ficticia. A poco que se mire aparecen recolocaciones, puertas giratorias, y otras maniobras políticas por las que quienes representan a los ciudadanos de pronto aparecen en cualquier empresa pública o como cargos de confianza, inclusive de otros municipios de similar signo político.