Las últimas declaraciones del máximo responsable del Ayuntamiento de San Roque han sonado a burla a la ciudadanía tras requerir a la empresa zoosanitario información sobre sus procedimientos.
Hay que recordar que esta empresa fue contratada con todos los avales del propio Alcalde, que en prensa se felicitaba por el nuevo servicio que cumplía todas las garantías, incluida la de que permanecieran los animales recogidos en las instalaciones un mínimo de diez días antes de ser sacrificados. El Ayuntamiento, con su Alcalde lógicamente a la cabeza, decidió no invertir en las protectoras locales y contratar la misma empresa pluridenunciada en toda la provincia para este servicio.
Por este motivo, desde el primer momento expusimos nuestra preocupación y solicitamos información sobre los protocolos que se seguían para animales abandonados, así como todas las condiciones de esa contratación, incluidas las de seguimiento e inspección por parte de la administración. Tras más de seis meses, hasta la fecha siempre se ha negado la respuesta.
Pero ahora algo ha cambiado. No es que no se sacrifiquen animales como antes, ni siquiera que se respete el plazo de diez días que ya se constató era incumplido por esta empresa, sino que estamos en precampaña electoral y ha salido en prensa… y eso lo cambia todo.
Seguirá sin contestar las peticiones ciudadanas, seguirá haciendo oidos sordos a los escritos que presentemos, pero habrá que salir a la prensa demostrando su «preocupación»…. ¿por los animales o por la imagen de campaña?
No es nada nuevo, pasa en multitud de municipios, pero el ninguneo al ciudadano mientras se lanzan falsos mensajes de preocupación a prensa no dejan de parecernos bromas de mal gusto.
Por último aclarar que, para quienes defienden que esa contratación se hizo por obligación, como si el Alcalde, pobrecito, no tuviera otra opción, el art. 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, deja bien claro que:
« 3. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 111.
Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 206 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.»
Por tanto, ese contrato de 17 mil euros, podría haberse adjudicado directa y legalmente a quien el Ayuntamiento quisiera. Es el mismo método que usan para dar contratos a familiares y amigos por doquier, legalmente, pero ahora parecen haber sufrido una amnesia repentina y querer convencernos de que ellos no deciden nada, que todo es obligado…. pues que se vayan y nos ahorren sueldos.
Por eso pedimos que no se escondan los responsables, que admitan que se trata de un contrato menor y pueden adjudicarlo directamente a cualquier empresario sin mayor complicación. Si han elegido, por los motivos que sólo ellos sabrán, a esta empresa en concreto, que asuman su responsabilidad.
