Una vez realizamos nuestra petición, esperamos un mes y recordamos al ente público su obligación de notificarnos los plazos y efectos del silencio administrativo, supongamos que hemos esperado otro mes y aún no sabemos nada. Ahora tocaría dar un aviso más a la administración, solicitando la identificación de los responsables del expediente del que hace meses que no sabemos nada.
Esa falta de respuesta, que habitualmente se entiende por la «falta de medios» de las administraciones para atender la demanda ciudadana, no debe ser obstáculo para exigir el cumplimiento de la normativa, del mismo modo que la administración se la exige a los ciudadanos.
Resulta curioso que existan cientos de asesores, personal de confianza, encargados varios de delegaciones innombrables, pero cuando llega la hora de atender al ciudadano… no hay suficiente personal. Cada administración debería distribuir sus medios en función de las necesidades ciudadanas, pero parece que lo hacen en función de las necesidades de su personal… y eso explicaría que siempre haya docenas detrás de las puertas -o en sus casas directamente- mientras atendiendo al público sólo queda un número testimonial. Como hemos dicho anteriormente, si no saben distribuir sus medios es su problema, nosotros no tenemos capacidad para reorganizarles (ni nos dejarían), sólo para exigir el cumplimiento de la normativa.
De este modo, tras nuestro recordatorio anterior, el paso actual consiste en, además de recordarles que seguimos esperando respuesta, solicitar la identificación de los responsables del expediente, conforme al art. 35.b de la Ley 30/92. De este modo se podría conocer exactamente quién no está cumpliendo sus labores a efectos de exigir la responsabilidad que corresponda en el futuro. En caso de no recibir respuesta igualmente a este paso, las siguientes acciones se dirigirían al responsable máximo de la administración, como en el caso por ejemplo de los Ayuntamientos, sería el Alcalde.
Es de sobras conocida la sensación de que quienes nos gobiernan «tiran con pólvora ajena» porque cuesten lo que cuesten los procedimientos, incluso si se llega a la vía judicial, y aunque causen grandes perjuicios a los interesados en un procedimiento, al final se paga todo de las arcas públicas, con lo que se perjudica doblemente a los ciudadanos. Esta sensación se ha extendido porque los responsables siempre se han negado a exigir la responsabilidad que recoge la normativa contra quienes llevan los expedientes por esos derroteros. Es decir, que una vez toma uno un sillón, ya sea de representante público o de funcionario, parece no importar lo que haga (o mejor dicho, lo que no haga), puede pasar toda su jornada laboral haciendo sudokus que siempre que goce de la simpatía de su superior no tiene nada que temer. En cambio, cuando un responsable la toma con un inferior… faltan artículos que aplicarle, y lo mismo le rebajan el sueldo por llegar con una arruga en el uniforme…
Esa utilización totalmente interesada de la normativa debe acabar, y por nuestra parte se exigirá la responsabilidad que corresponda a las autoridades y/o personal que toque en cada caso. En el caso, muy habitual por cierto, de que los máximos responsables no identifiquen a quienes llevan cada expediente, deberán ser ellos quienes respondan por los perjuicios causados. Ya está bien de pagar salarios públicos por estar de vacaciones permanentes.
Un formato que podríamos emplear como segundo recordatorio de que hicimos una petición, en este caso a los dos meses de la primera, solicitando la identificación de los responsables de la misma sería éste:
Dado que habrían pasado ya dos meses desde nuestra petición, ésta se consideraría admitida, conforme al art. 9 de la Ley Orgánica 4/2001 Reguladora del Derecho de Petición, cualquier resolución de inadmisión, debidamente motivada, debería habernos sido comunicada a los 45 días hábiles. Es conveniente recordar este detallito por si la administración, una vez comience a recibir nuestros recordatorios, decide contestar por esa vía.