¿Madrid accesible u otra administración pantalla más?

Algo falla si hay que estar forzando a las administraciones para que cumplan su función, y en Madrid tenemos nuestras dudas sobre qué utilidad tiene el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad de Madrid. Con un nombre tan largo como el número de veces que hay que llamar para que atienda alguien, su utilidad de momento la ponemos en cuarentena por su falta de actuaciones.

Nuestra experiencia con esta administración comienza en noviembre del 2.016, cuando se les remite una denuncia por las infracciones detectadas en el municipio de Torrelodones, indicando expresamente la normativa que entendemos vulnerada. Tras algunas comunicaciones con la secretaria del Consejo nos indica que han comprobado que efectivamente existen esas infracciones y se ponen en contacto con el Ayuntamiento para solventarlas. Eso sería a finales del pasado año.

Dada la respuesta verbal, este expediente entra en nuestro protocolo como seguimiento, y en meses posteriores se insiste en la necesidad de obtener una respuesta escrita que nunca llega. Finalmente la secretaria del Consejo cambia de opinión y resta importancia a las infracciones, insinuando que aunque no son éticos los cambios que denunciamos, podrían ser legales. De hecho, incluso indica que no ha pasado por el Consejo porque entendían que no tenía importancia para éste, algo totalmente contrario a sus primeras indicaciones.

Dada la falta de conocimiento sobre el funcionamiento, funciones, y normativa aplicable a este Consejo de Promoción de la Accesibilidad, y la negativa de respuesta, avanzamos pasos en nuestro protocolo solicitando cuanta información necesitemos para comprender qué ocurre. Esta petición ya no es contra ningún Ayuntamiento, si no una petición de documentos del propio Consejo de Accesibilidad, que se remite el 12 de mayo pasado. Es decir, seis meses después de la denuncia inicial.

Posteriores intentos de contacto con el Consejo parecen imposibles, ya que nadie atiende al teléfono y no responden los correos, por lo que el protocolo sigue clasificando la administración como “hostil con el ciudadano” (no responde a las peticiones, dando solo respuestas verbales incoherentes), y transcurrido el plazo legal previsto (el 14 de junio) el expediente pasa a reclamación ante el Consejo de Transparencia estatal, que asume las funciones en la Comunidad de Madrid. El Consejo de Transparencia recibe nuestra petición el mismo día, ya que admiten el envío de notificaciones firmadas telemáticamente mediante correo electrónico, y probablemente en días posteriores remitió, como suelen hacer con su protocolo, petición del expediente al Consejo para la Promoción de la Accesibilidad en Madrid.

Curiosamente, unas semanas después, tras más de siete meses sin respuesta, recibimos el primer escrito de este Consejo firmado por la misma secretaria que restaba importancia al tema porque no era cuestión del Consejo según nos dijo, “agradeciéndonos” nuestra denuncia e informando de las gestiones que han llevado a cabo (ahora) así como que nos indicarían cualquier resultado en el futuro… ¿de verdad ha necesitado siete meses para tramitar una simple denuncia?, ¿habrá tenido algo que ver el que continuemos nuestro protocolo para saber cómo funcionan y qué ha ocurrido con esta respuesta?, ¿qué ocurrirá a los ciudadanos que no se encuentren suficientemente organizados como para hacer un seguimiento?

Desconocemos qué resultado tendrá la denuncia, ya nos lo dirán, pero la documentación solicitada vía Consejo de Transparencia la deberán entregar sí o sí, y además como administración “hostil” se pasará queja al Defensor del Pueblo con los datos del expediente por lo que entendemos una negligente actuación de esta administración pública. Si los ciudadanos pagamos esas administraciones queremos resultados, no palmaditas.