Media docena de socios de la Asociación Defensa Ciudadana Activa han recibido contestación a sus quejas de la Agencia Española de Protección de Datos. En ellas se solicitaba información sobre el procedimiento a seguir tras los reiterados incumplimientos del Ayuntamiento de San Roque en relación a la Ley Orgánica de Protección de Datos.
El procedimiento se inició el pasado año, siguiendo un protocolo que DCA, pese a ser de ámbito nacional, sólo ha utilizado de momento en San Roque. «Desde Sanlúcar de Guadiana hasta Santurce no hemos encontrado ninguna administración que niegue tan rotundamente el derecho de los ciudadanos a obtener respuesta, por lo que San Roque se ha convertido, tristemente, en la primera que mantiene un expediente tan amplio, claro y duradero en el tiempo, en relación a la Protección de Datos Personales.«, confirmaron.
Los ciudadanos, que realizaron idéntica reclamación en base al protocolo de su asociación, llevaban años solicitando al Ayuntamiento información sobre los datos personales que mantienen, sin respuesta hasta la fecha. Por ello se denunció a la AGPD que resolvió el año pasado dando la razón a los ciudadanos y resolviendo que el Ayuntamiento debía facilitar la información solicitada.
Pese a ello, el Ayuntamiento hizo caso omiso a esta resolución y continuó sin contestar a los ciudadanos, por lo que se informó de nuevo a la AGPD que ya inició un procedimiento sancionador meses atrás.
Ahora, el resto de socios han recibido notificaciones idénticas, dado que los hechos son similares, por lo que se espera que la AGPD resuelva de igual forma y, sobre todo, aclare quiénes son los responsables de tal actitud que vulnera los derechos de los ciudadanos impunemente.
No se descarta, una vez terminado el procedimiento, que se reclamen los daños que hubiera podido causar la negativa de la administración a contestar a los ciudadanos una vez identificados los responsables. De hecho, algunos han podido perder la posibilidad de realizar cursos y acceso a distintos puestos por no disponer de los certificados que solicitaron al Ayuntamiento sin que éste les contestara.
«No es de recibo que personas que supuestamente están al servicio del ciudadano se permitan ningunearlos, perjudicándoles claramente. Todos los ciudadanos deben ser iguales ante la administración, y quienes no lo entiendan no deberían trabajar en ella.», finalizaron.