Cesión ilegal de trabajadores en la Diputación Provincial de Cádiz

En estos días hemos conocido que desde la Inspección de Trabajo se ha revisado la situación de distintos trabajadores de la Diputación Provincial de Cádiz, cuya gestión en el área económica ha destacado por lo que llamaban «externalización de servicios», contratando siempre a la misma empresa malagueña.

La mal llamada «externalización de servicios» se encuadraba dentro de la privatización de servicios públicos llevada a cabo por el gobierno provincial. Este plan económico básicamente consiste en contratar una empresa externa para que ésta a su vez contrate a los trabajadores que llevarán a cabo los servicios públicos. De este modo se evita tener que pasar filtros como oposiciones, concursos de méritos y capacidad, y la empresa es libre de contratar a quienes les sugiera el gobierno provincial, por ejemplo.

Además de ello los responsables provinciales se jactaban del «ahorro económico» para las arcas públicas que suponían estas contrataciones. Posiblemente lo dijeran porque a igualdad de puestos de trabajo (los trabajadores «externos» compartían incluso mesa y funciones con personal de la Diputación) podían pagarles una tercera parte del salario que les correspondería normalmente. Con el sobrante los Diputados aprovechaban para subirse el sueldo a cifras cercanas a los seis mil euros mensuales.

A la explotación de trabajadores por medio de terceras empresas se sumaba que, además del recorte en los salarios de los trabajadores, también lo hacían en las cotizaciones a la Seguridad Social, maximizando el beneficio de la empresa contratada (siempre la misma de confianza).

Por ello desde la Inspección de Trabajo se ha propuesto una sanción cercana a los 300 mil euros (292.507,03 €) sólo por los últimos cinco años, que, como suele ocurrir, acabarán pagando igualmente los ciudadanos de sus impuestos.

También se han detectado al parecer otras «irregularidades» como que responsables de departamentos estén de alta en la seguridad social en empresas ajenas a las contratadas, que los horarios de trabajo no cuadren con las entradas y salidas (no se sabe quién podría abrir o cerrar las dependencias siquiera, ni quiénes aportaban el material), o que los trabajadores de la empresa externa sigan los horarios de Diputación y no los de su propio convenio, demostrando que realmente se trataba de una cesión ilegal de trabajadores para evitar la convocatoria de puestos públicos basados en mérito y capacidad.

De hecho tras comprobar los asistentes a cursos de formación para empleados de la Diputación Provincial y administraciones públicas (plan de formación continua dirigido a Diputación, Ayuntamientos, Mancomunidades y Consorcios) se ha comprobado numerosa asistencia de personal externo de la empresa contratada, que carecen de tal categoría.

Las incoherentes explicaciones de la empresa contratada para sustituir personal de Diputación llegan al absurdo extremo de asegurar que si los equipos informáticos se averían no se reparan, se sustituyen, para evitar confirmar que son equipos de Diputación que mantiene y reparan sus técnicos.

Hasta la fecha, aunque el expediente con estos datos se conoce desde hace semanas, ninguno de los responsables provinciales ha dicho nada al respecto, no se esperan dimisiones, responsabilidades políticas, ni mucho menos que rebajen sus abultados salarios (el responsable del área económica tiene un sueldo cercano al de la Presidencia de la Junta de Andalucía) por su responsabilidad en el fraude. Simplemente guardan silencio como si no fuera con ellos.

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