El Ayuntamiento de San Roque ha remitido a la asociación Defensa Ciudadana Activa esta semana pasada los decretos de Alcaldía por los que rechaza los escritos pendientes considerándolos como “no presentados”.
El motivo del rechazo es, según un informe de la Secretaria General del Ayuntamiento, “no queda acreditado que el Presidente represente a la Asociación”.
Esta decisión se fundamenta en que la Secretaria General, Doctora en Derecho, estima que se debe presentar un acuerdo expreso de la Asamblea General y otro de la Junta Directiva antes de poder admitir peticiones de esta Asociación.
En una primera estimación por parte de la Junta Directiva se ha considerado “absurdo que hayan podido llegar hasta ese extremo en un absurdo intento más por acallar nuestra voz”, según denunciaron.
Pese a haber remitido al Ayuntamiento en el día de ayer un certificado sobre los acuerdos solicitados, “ahora debemos esperar a que nos devuelvan el original para poder presentarlo otra vez, ya que sus registros tienen orden de no cotejar documentación impidiendo la presentación de copias compulsadas, lo cual nos retrasará más en la presentación de los once que al parecer son necesarios.”, criticaron.
No obstante, la Asociación manifestó que “excusas como ésta sólo nos retrasan unos días, y nos dan una clara idea de la forma de actuar de quienes en teoría representan a todos los ciudadanos. Ya hemos contactado con los órganos Constitucionales competentes para estudiar esta actitud en una administración pública y esperamos remitirles un informe completo en breve.”
DCA recordó que hasta la fecha ha presentado numerosas peticiones, accedido a expedientes de licitación, e incluso presentado recurso a los Presupuestos Generales del Ayuntamiento, además de que la administración llegó a enviar sus respuestas al domicilio particular del presidente demostrando su total conocimiento y aceptación como representante. Por ello, DCA lamenta que, “al parecer si molestamos demasiado necesitaremos acreditarnos en cada ocasión de forma distinta o preguntar el criterio que se siga cada día.”, ironizaron.
En su informe sobre la situación DCA apuntará, como ha informado anteriormente al propio Ayuntamiento, del incumplimiento del art. 3 de la Ley 30/92, que dispone que las Administraciones Públicas ”deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima” creando una alarmante inseguridad jurídica al ciudadano que cada día puede encontrarse con una forma de actuar distinta de la administración.
Por ultimo desde la Asociación indicaron que no descartan iniciar acciones judiciales contra los responsables en caso de que este Ayuntamiento siga insistiendo en poner trabas a su actividad.