La actitud de Secretaria de Los Barrios (Cádiz) multiplica la burocracia.

Esta semana conocimos el caso de Los Barrios (Cádiz) en el que la Secretaria General había prohibido dar registro de entrada a las solicitudes de información pública de determinados activistas.

Para discriminar estos registros, que era evidente intentaban impedir la protesta de los activistas a modo de petición masiva, se exponían distintas excusas relacionadas con que fueran escritos presentados por personas distintas del interesado, por lo que, siempre según el criterio de la Secretaria General, debían hacerse por sede electrónica.

El problema se inició cuando activistas que pedían información pública sobre un caso reciente de maltrato animal decidieron no presentar la típica hoja de firmas con una solicitud, si no solicitar individualmente la información que necesitaban, de modo que la administración tuviera en cuenta a todos y cada uno de los interesados.

Los activistas reclamaban su derecho a sellar físicamente los escritos que traían (alrededor de un centenar), aunque no portaban los DNI originales de los interesados, no querían dar sus datos junto a cada solicitud cuando no eran interesados, ni podían por el mismo motivo presentar telemáticamente con su certificado personal escritos de terceros. De este modo pasadas unas horas se mantuvo la prohibición de dar entrada en el registro a sus peticiones además de negar cualquier constancia por escrito del motivo de la prohibición. “La última excusa de la Secretaría General fue que debía consultarlo, sin plazo para ello”, indicaron los afectados.

Al día siguiente las solicitudes debieron registrarse en una ventanilla única de la administración autonómica, aunque tras la actuación de la administración local el número se elevó considerablemente. “Presentar las solicitudes por la vía del registro autonómico significa duplicar la tarea, ya que primero deben registrar las casi 200 solicitudes en la Junta de Andalucía, para luego remitirlas al Ayuntamiento, que ya no podrá poner excusas para su entrada, y deberá registrar nuevamente todas ellas de forma individual“, indicaron.

De esta forma las maniobras de la Secretaria General para impedir una simple protesta ciudadana haciéndose notar sólo han conseguido duplicar la carga de trabajo, además de iniciar una serie de quejas que irán desde el Defensor del Pueblo Andaluz, la petición de un expediente de responsabilidad patrimonial por el daño que se ha producido a los activistas obligando a centenares de fotocopias y varios desplazamientos por el cierre selectivo del registro, hasta la Fiscalía si la situación se mantiene y entendemos que puede ser constitutiva de delito de prevaricación“, denunciaron.

Desde DCA entienden que si la Secretaría General, en pleno siglo XXI, no sabe cómo debe registrar escritos presentados por terceros ajenos al interesado, no debe cambiar de criterio de un día para otro. Entendemos que les sea más sencillo soportar las protestas con pancartas en la puerta, o una hoja con cientos de firmas detrás, pero si la ciudadanía decide que en su lugar quieren registrar cientos de solicitudes individuales están en su derecho y no podrá impedirlo. Lo único que está consiguiendo con su cerrazón es multiplicar la protesta implicando a otras administraciones incumpliendo además la legislación vigente.

Esta Asociación ha iniciado un expediente informativo solicitando todas las normas locales aplicables al procedimiento de registro, de modo que la habilitada nacional comunique, por escrito, qué instrucciones concretas ha dado al registro general para impedir la entrada a los activistas, recordándole que, conforme al art. 5 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común se presumirá la representación en los actos de mero trámite o gestión, así como que la falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, en este caso simples registros de entrada, por lo que exigen conocer en base a qué normativa la Secretaría General viene impidiendo la realización de estos trámites a determinado colectivo.

“O la Secretaria General de Los Barrios está totalmente equivocada en sus planteamientos y prohibiciones, o el resto del país está registrando indebidamente las solicitudes de cientos de miles de ciudadanos, porque parecen totalmente incompatibles”, finalizaron.