Por parte de la Viceconsejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía se nos traslada que nuevamente se paraliza el plazo para dar acceso al detalle de convenios, acuerdos, o cualquier otro documento en el que se basen los aproximadamente siete millones de euros anuales que recibe ASANSULL, beneficiaria del cierre de la residencia de mayores de La Línea de la Concepción (Cádiz).
El motivo en esta ocasión resulta de la consideración de ASANSULL como posible afectada en sus derechos e intereses legítimos por el acceso a dicha información. De este modo, se paraliza durante 15 días más, una vez que ya habían agotado el mes de plazo para dar acceso a la información, indicando que igualmente seguirá paralizado el procedimiento si ASANSULL decide recurrir dando margen para la presentación de Contencioso Administrativo.
Desde DCA no se entiende que el acceso a la información pública sobre subvenciones públicas puede afectar a interés alguno de los beneficiarios. La publicidad de estas subvenciones es algo que aceptan cuando las reciben, e incluso por la cantidad (aproximadamente siete millones de euros anuales) debería ser objeto de publicidad activa, algo que la Junta de Andalucía ni ha comprobado ni le interesa por lo visto.
«Una vez más asistimos al caos de las administraciones supuestamente públicas, haciendo gala de una ignorancia tal que incluso consideran que la dirección de la entidad afectada (persona jurídica) es un dato personal, así como el dato del jefe del servicio de coordinación que promueve la paralización del expediente, por lo que entendemos que o desconocen profundamente la normativa de protección de datos personales y transparencia, o actúan de mala fe«, indicaron desde la asociación.
Por ello, desde DCA se ha solicitado expresamente copia del escrito remitido sin censurar, así como documentación administrativa relativa al nombramiento del cargo de Jefe del Servicio de Coordinación y de la persona responsable de comprobar que las entidades beneficiarias de las subvenciones cumplen las obligaciones en materia de publicidad activa.
«Si retrasando con excusas absurdas el acceso del ciudadano a la información pretenden aburrirlo tenemos malas noticias: Somos suficientemente pacientes y esos intentos de bloqueo sólo hacen multiplicar nuestras dudas sobre sus prácticas, y con ello el volumen de peticiones para aclarar qué sucede. De este modo el volumen de peticiones será proporcional al número de intentos por bloquear nuestro acceso que encontremos», finalizaron.